miércoles, 24 de marzo de 2010

REUNION PLATAFORMA ELCHE DIA 23/03/2010

NOTA INFORMATIVA

La Plataforma se ha reunido en la tarde de ayer martes, con el fin de coordinar las actividades a llevar a cabo para presionar a la Generalitat a que desarrolle plenamente la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad, concluyendo lo siguiente:



1º.- Mostrar la gran satisfacción de los componentes de la Plataforma por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dictado la primera sentencia reconociendo el derecho del dependiente a la retroactividad. Es un tema que forma parte de la agenda de reivindicaciones que siempre ha planteado esta Plataforma y todas las creadas hasta el momento, de manera que se reconozca la retroactividad en el cobro de las prestaciones a los grandes dependientes desde la solicitud y no desde la resolución, cosa que está normalizada en la mayoría de las Comunidades Autónomas, y que la Generalitat Valenciana niega a los beneficiarios, teniendo que recurrir al contencioso.



Esta sentencia creará jurisprudencia, y con ella queda patente lo que dice la ley de la dependencia y la del procedimiento administrativo, y no los Decretos que en la Consellería se inventan para recortar derechos por Ley garantizados, domo es la retroactividad y los plazos en la resolución de los expedientes a los 6 meses y no a los 3 años, como lo está haciendo el Gobierno Valenciano.



2º.- Se acuerda realizar concentraciones mensuales, comenzando en el mes de abril, reivindicando todos aquellos asuntos que continúan pendientes: casos sin resolver desde el año 2007, la retroactividad, la cartera de servicios de la Ley que esta Comunidad se niega a ofrecer a los beneficiarios, las incompatibilidades entre las prestaciones, etc.



3º.- Organización de un Día Festivo-Reivindicativo “Gran Acto Naranja”, en la Rotonda del Parque Municipal, para el día 13 de Junio 2010, con el fin de poner de manifiesto el descontento que existe en la ciudadanía sobre el desarrollo de esta Ley tan importante en nuestra Comunidad, que está negando derechos importantísimos a los dependientes y a sus familias.



4º.- Trasladar al Gobierno Valenciano, el malestar de la Plataforma en relación con la propuesta del Sr. Gerardo Camps, Conseller de Economía y Hacienda de solicitar al Gobierno Central que se retrase la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia. Desde la Plataforma se considera que dado el retraso existente en estos momentos en nuestra Comunidad, dónde aún están sin valorar grandes dependientes y muchos más sin que estén recibiendo las prestaciones asignadas, plantear una moratoria es inaceptable. Lo que sí se pide es que el Gobierno Valenciano, haga una política de austeridad en los grandes eventos y no piense siempre en ahorrar con los más pobres y vulnerables de la sociedad.

martes, 23 de marzo de 2010

Sentencia: El TSJ obliga a pagar la ayuda de la dependencia con retroactividad

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV han dictado la primera sentencia autonómica en la que se reconoce a una afectada severa el derecho a cobrar la prestación de la dependencia del cuidador familiar desde el día de presentación de la solicitud, no desde la fecha de la resolución administrativa que le autorizaba al cobro de la ayuda, que llegó quince meses más tarde.

El fallo judicial es un garrotazo a la política de la Conselleria de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derechos a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.

El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.

El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud". De hecho, a María Emilia Martín Gil, de 38 años, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 2 -la máxima-, ya que tiene una discapacidad de un 90% y un retraso mental severo por parálisis cerebral por sufrimiento fetal perinatal.

Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.


Dos mil casos

La letrada María Luisa Mena Durán, que fue la representante legal de la familia Martin Gil, lleva en estos momentos otros dos procedimientos judiciales similares, aunque los dependientes que son atendidos por cuidadores familiares que podrían solicitar el pago retroactivo de la ayuda podría llegar a los dos mil, según expresó a Levante-EMV el presidente del Cermi, Joan Planells quien manifestó que la sentencia tenía un sabor agridulce. "Nos alegra ver que se reconocen unos derechos que hemos reivindicado y que la justicia nos haya ha dado la razón, pero lamento que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de gran cantidad de personas que, por carecer de recursos, o no haber seguido el procedimiento administrativo y judicial se quedarán sin lo que les corresponde por ley", expresó Planells.

Un elemento determinante que ha hecho posible este final de justicia de un procedimiento que comenzó el 12 de febrero de 2007 cuando la familia Martín Gil presentó la solicitud fue la sagacidad de Diego -que se encargó de realizar todo el trámite- al negarse a firmar la conformidad de la prestación cuando se la autorizaron, en mayo de 2008.

"Mis padres le han dedicado toda su vida"



"La fuerza para seguir adelante con el procedimiento y no rendirme la sacaba de mis padres y de mi hermana, después de tantos años de ver como han luchado por ella; toda la vida se la han dedicado a mi hermana, no han tenido más vida que cuidarla", expresaba a Levante-EMV Diego Martín Gil, el hermano menor de Emilia que fue quien peleó con todo el trámite administrativo hasta hacer posible un derecho que la Conselleria de Bienestar Social les negó reiteradamente.

"Verlos sufrir era lo que me activaba para seguir y exigir el reconocimiento de una persona que está en esta situación", agregó Diego que refirió que cuando conoció el fallo judicial rompió a llorar.

"Se me metió en la cabeza que tenía que seguir adelante y en en este tiempo me he guiado siempre por los recortes de Levante-EMV y a base de informarme a través del periódico, sabía lo que tenía que hacer", añadió el hermano de Emilia, satisfecho de que a su madre Amparo, que es la que figura como cuidadora familiar le vayan a abonar 15 mensualidades que hubieran